CONSTELACION: NÚMERO 57 / 104

Sin una democracia vigorosa y unas instituciones fuertes, Venezuela no podrá salir de esta encrucijada, pero los pasos recientes han sido en el sentido contrario.

Venezuela vive hoy una grave situación, no obstante sus visos rocambolescos, tragicómicos, que por momentos matizan un panorama ciertamente preocupante.

Ayer se cumplió la fecha que debería forzar una salida del laberinto surgido ante la coincidencia del agravamiento de la enfermedad de Hugo Chávez con el final de su período presidencial. Pero no fue así. En un ejercicio de creativa hermenéutica constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia invocó el principio de la continuidad administrativa para determinar que la toma de posesión de un presidente que ha sido reelegido es un trámite menor, que puede tener lugar en cualquier momento.

El problema es que la total incertidumbre sobre el estado actual del mandatario hace que no exista certeza sobre cuándo ocurrirá y la providencia tampoco fija un plazo. Sí es clara la sentencia, en cambio, cuando afirma que no hay méritos ni para convocar a una junta médica que evalúe su estado, ni para declarar una falta temporal o absoluta, escenarios previstos por la Carta Magna.

Así, dicho tribunal, en la órbita del chavismo, al igual que la Asamblea Nacional, legitimó el actual limbo, que, para muchos, rompe con el hilo constitucional al avalar la permanencia en el poder de una agrupación política, mas no necesariamente de quien resultó ganador en las urnas.

Este proceder fue refrendado ayer en un multitudinario acto de posesión simbólica, en el que, llevando al extremo aquel principio según el cual la soberanía radica en el pueblo, este último, en efecto, sustituyó al protagonista de la historia. Un cuadro que, por momentos, bordea el realismo mágico.

Pero ya quisiéramos que todo quedara en lo anecdótico, algo que no es posible en tanto la realidad muestra un trasfondo alarmante para millones de venezolanos en el umbral de días difíciles. Como ya se anotó desde estos renglones, son muchos los ingredientes que en cualquier momento pueden sumarse y desatar una grave crisis. Ahí está el elevadísimo déficit fiscal -entre el 17 y el 20 por ciento de su Producto Interno Bruto-, el deterioro de la infraestructura petrolera, sensiblemente afectada tras el incendio de la refinería Amuay y necesitada de renovación, un dólar en el mercado paralelo a un precio cuatro veces por encima de la tasa oficial y la inflación más alta de América Latina. Muchos ven inevitable la devaluación del bolívar y un aumento de los precios de la gasolina (parte de ella, importada), decisiones que podrían caldear los ánimos.

Este complejo horizonte no puede afrontarlo el país vecino con su actual fragilidad institucional, en la que la oposición ha sido relegada, como quedó demostrado en la reciente elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional. A la falta de diálogo político, que lleve a la unidad que requieren las naciones en tiempos de dificultad, se suma el mar de interrogantes sobre los efectos prácticos del estado de cosas actual. "¿Quién va a firmar los empréstitos? ¿Los tratados? ¿Quién llevará las relaciones del Estado?", se preguntaba ayer en este diario la exmagistrada del TSJ Cecilia Sosa.

El pueblo venezolano no merece esta suerte. Su bienestar es mucho más importante que cualquier pugna política. Los funcionarios, por más potente que sea su aura, serán siempre aves de paso, al contrario de las instituciones, que deben prevalecer para nada menos que salvaguardar el bien común. El reto hoy es defenderlas. El país vecino necesita recuperar la estabilidad, la buena salud de su economía. La comunidad internacional, que ha flotado entre el respaldo explícito y tácito, debería saber esto y evaluar si por la estabilidad regional no está pagando un precio demasiado alto.

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