Semana 34 Agosto 24 de 2013
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Vía Internet
Poniéndole lógica
Julio 28 de 2013
Santos ante el paro de la
Nación y pausa de las Farc
Mientras en los departamentos hay bloqueos
propiciados por el descontento social y la ausencia de diálogo ciudadano, el
presidente optó por ignorar el problema y, en cambio, fue personalmente al
Congreso para auspiciar una nueva trampa que desvirtúe la figura del referendo
y la convierta en palanca de sinuosa política.
Los
campesinos de Boyacá, los mismos del campo glorioso, hoy arrecian sus reclamos
contra el Gobierno por la falta de control de las cuotas permitidas en los TLC
y del contrabando y por el alto precio de los insumos agrícolas. Los
transportadores reclaman por el excesivo costo de la gasolina gravada por
impuestos enormes —cuando el Gobierno destaca su gestión fiscal y se pavonea
con sus $200 billones para el próximo año—. Se quejan además del alto costo de
los peajes, infalibles en su cobro sobre vías que llevan años en construcción
con avances poco significativos.
Santos
sólo atinó a señalar que los bloqueos no tenían la magnitud esperada y luego
guardó pasmoso silencio. Decidió, en cambio, mostrar avances en el proceso de
La Habana. Con fingido afán —para simular que los acuerdos avanzaban a una
velocidad extraordinaria— presentó una reforma que los medios titularon
erróneamente como la convocatoria al referendo con el que se aprobarían los
acuerdos de La Habana.
El
proyecto no es la convocatoria, es sólo una maniobra para garantizar el umbral.
Bien sabe el país que en un referendo en general votan los que están de
acuerdo, de manera que el umbral es una segunda barrera que deben vencer. No
sólo deben obtener la mayoría de los votos, sino obtener un mínimo de votos.
Esto último es lo que pretende obviar el Gobierno. Lo grave no es modificar las
normas, eso es válido; lo grave es hacerlo para conseguir facilidades. Se
quejan de que Uribe haya modificado la Constitución para poder participar en
las elecciones; sin embargo, aquello sólo permitía su participación, pero no la
hacía más fácil. La norma que presentó el Gobierno lo que pretende es
garantizar el umbral, reducir una de las barreras que supone el referendo.
Desvirtúa el sentido mismo de la figura.
Sabíamos
que el único propósito era generar la impresión de que los paros eran
insignificantes ante los avances en la paz. El afán, si lo hubiera, no sería
superable por modificar un asunto relacionado al umbral. Al referendo le
faltaría aún una ley que aprobara el texto a consultar: y no hay Congreso entre
diciembre y marzo, y luego tendría que pasar a revisión por la Corte
Constitucional que, aun tomándose la mitad del tiempo usual, requeriría meses.
Hoy, aun
los crédulos tienen que admitir que todo aquello era una cortina de humo. Las
Farc anunciaron la suspensión de los diálogos, mientras consideran el asunto
del referendo, pues exigen una constituyente. No había pues tantos avances, y
se generó en cambio la oportunidad perfecta para que las Farc mostraran su
sagacidad como negociadores.
El presidente
le apostó todo a mostrar casi culminado el acuerdo en La Habana; y las Farc le
descubrieron al país que no era cierto. Tenemos entonces: un pueblo empobrecido
e injustamente golpeado por un Gobierno dispuesto a perdonar grandes crímenes,
pero implacable con los bloqueos de campesinos desesperados; una guerrilla
fortalecida haciendo valer las ventajas de la negociación, y un presidente
entregado a satisfacer su afán reeleccionista.
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BREVES… PREGUNTAS DE OPINIÓN
Gobierno insiste en que con violencia no dialogará
con sectores del campo
Así lo dijo el Ministro del Interior, Fernando Carrillo. …
PREGUNTAS:
¿Por
qué entonces lo hace con la guerrilla, paramilitares y cualquiera que no
trabaje sino que agrede y mata?
¿Tienen
diferentes derechos y obligaciones al resto de los colombianos de bien?
Hay
muchas preguntas en el tintero pero… prevalece la CODICIA DE PODER y no el respeto ni el amor a
la patria.
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La farsa del
baldío
Por:
María Paula Saffon | *Candidata al doctorado en
ciencia política de la Universidad de Columbia e investigadora asociada de de Justicia
| Elespectador.com | Opinión | 23 Ago 2013
“Muchos
individuoos dividían las tierras en pequeños segmentos para que sus amigos y
familiares las reclamaran al Gobierno de conformidad con lo permitido por la
ley.
Una vez adjudicadas, las tierras eran
reconstituidas a través de documentos de venta ficticios”. Aunque lo parezca,
esta descripción no se refiere a la apropiación de baldíos que recientemente
hizo Riopaila, con la “sofisticada” asesoría (i)legal de Brigard & Urrutia.
Se refiere a una práctica bastante frecuente de los especuladores colombianos a
fines del siglo XIX.
Cuenta Catherine LeGrand que cuando el país vivió
su primer boom exportador, los precios de las tierras aumentaron
exponencialmente y, con ellos, los incentivos de apropiación de la tierra
pública. Entonces, como ahora, las leyes no permitían la acumulación ilimitada
de baldíos, pues buscaban garantizar el acceso equitativo a la tierra. Pero
también entonces, como ahora, los incentivos de acumular tierras eran tan altos
que los límites impuestos por las leyes se ignoraban o manipulaban, en muchos
casos con la asesoría de diestros abogados y con la complacencia gubernamental.
Como según Marx la historia se repite y tras la
tragedia viene la farsa, se dice que el Gobierno actual quiere legalizar las
acumulaciones de baldíos que ya se realizaron para evitar inseguridad jurídica
y conflicto social. Esto ignora que fue precisamente la validación de la
acumulación ilegal de tierras lo que permitió la conformación de grandes
latifundios y el despojo de colonos campesinos, que condujeron a un conflicto
rural que desde hace 100 años no recibe una solución adecuada.
Los campesinos víctimas de los primeros despojos
protestaron ante el Gobierno y los jueces, y ocuparon tierras de terratenientes
alegando que los títulos a través de los cuales las habían obtenido eran
ilegales. Como mucho había de cierto en ello, en 1926 la Corte Suprema ordenó
que todas las tierras del país se presumieran baldías de modo que quienes se
alegaban dueños tuvieran que probar (a través de títulos originarios) que las
tierras habían salido legalmente del poder del Estado y que habían sido
transferidas sin violar ninguna ley. La prueba ordenada fue considerada
“diabólica” por los terratenientes, que en muy pocos casos tenían seguridad de
haber obtenido sus tierras de modo legal. Dada la oposición terrateniente y la
desidia frente a la situación del campesinado, el gobierno liberal no adoptó la
fórmula propuesta por la Corte, sino que expidió una ley de reforma agraria que
aceptó como válidos títulos de dudosa proveniencia. Con ello, permitió que
muchos despojos fueran legalizados y que muchos colonos ocupantes fueran
desalojados.
Por eso, muchos consideran que la reforma agraria
en Colombia fracasó y que aún estamos en mora de resolver las injusticias del
campo. El Gobierno parece aceptar esa tesis, pues discutió con las Farc el
problema agrario y anunció haber llegado a soluciones concretas. Sin embargo,
su aparente interés en convalidar las operaciones ilegales de baldíos que ya se
realizaron borra con el codo lo que hace con la mano. Esa solución es una
farsa, pues permitiría nuevas formas de concentración de la propiedad y
facilitaría nuevos despojos, perpetuando así el conflicto rural.
Si no queremos repetir la historia y mantener vivo
el conflicto, ¿por qué no invertimos la carga de la prueba, como lo proponía la
Corte de los 20, y exigimos que, para conservar las tierras baldías del Estado,
los sofisticados abogados de los especuladores deban probarnos que fueron
obtenidas sin violar ninguna ley?
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