Semana 15 Abril 13 de 2013
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CRECE
LA INQUIETUD Y ANUNCIAN UN PARO EN LOS TRIBUNALES
Por Hernán
Cappiello y Paz
Rodriguez Niell | LA NACION
Jueces y empleados viven un clima deliberativo por la reforma judicial;
anunciaron una huelga de 72 horas
En la
planta baja de los tribunales de Comodoro Py se vivió ayer una escena de
asamblea muy inusual para esos pasillos judiciales. Unas 160 personas formaban
una gran ronda y, en el medio, el gremialista Julio Piumato despotricaba contra los proyectos del kirchnerismopara "democratizar
la Justicia".
"Es un avasallamiento a la independencia
y se viene el ajuste", les advertía a los empleados y funcionarios que,
pasadas las 13, lo escuchaban con cara de preocupados. Piumato, que no suele
tener tanto éxito en ese edificio, los arengaba para que se sumaran a un paro de 72 horas . Será del miércoles al viernes de la
semana próxima. En estado de alerta, el auditorio se extendía al entrepiso,
donde cuatro personas asomaban apretados desde el balcón. "Y si molestás,
te van a mandar a Ushuaia. El Consejo nuevo va a poder hacerlo", les
advertía.
En los tribunales de Comodoro Py, la
preocupación no es sólo de los empleados: casi todos los jueces de primera
instancia son críticos de la reforma . Ellos son los magistrados que tienen
las principales causas de corrupción contra funcionarios.
"Es una arremetida fortísima -protestaba
uno-. Si quieren, nos echan a todos." Como varios de sus pares, él
cuestionaba el cambio en la composición y las mayorías del Consejo de la
Magistratura. Con la nueva ley, el oficialismo de turno tendrá los votos
necesarios para abrir juicios políticos sin necesidad de alianzas.
No obstante, dos de ellos coincidían en que
no había que preocuparse tanto. "Así, está ley no pasa. Si lo vota el
Congreso, lo para un juez", dijo uno de ellos a LA NACION, en referencia a
los planteos de inconstitucionalidad ya anunciados. Otros se quejaban de no
poder elegir a sus secretarios o de que los jueces que integren el Consejo
deban presentarse, sí o sí, por un partido político.
Mientras tanto, una insólita catarsis
colectiva transcurría en el tercer piso del edificio.
Alrededor
de un juez de los más experimentados se agrupaba una decena de empleados,
incluidos secretarios. Compartían sus preocupaciones ante lo que -estiman-
serán consecuencias nefastas del paquete legislativo. "Y ahora quién me
garantiza que voy a seguir", se preguntaba un secretario contratado. Otro,
con años en Tribunales, advertía sobre los peligros del ingreso por concurso y
sorteo. "El primer trabajo de un ingresante es la custodia de los efectos
y en estos juzgados son drogas. ¿Le voy a dar el manejo de la cocaína a alguien
que no sé quién es?", se preguntó. El punto que cuestionaba es, en cambio,
motivo de elogio de otro sector que cree que fomentará la igualdad de
oportunidades.
Mientras la ronda se deshacía, el juez,
apoyado en la puerta de su despacho, compartió con LA NACION sus propias
preocupaciones. "Ahora va a bastar que se junte una mayoría de la mitad
más uno para echarnos."
En las cámaras de apelaciones, instancias
superiores a los juzgados, los proyectos también fueron tema de discusión
central esta semana. El martes, la Junta de Presidentes de Cámaras, que agrupa
a tribunales de todo el país, se reunió con el presidente de la Corte, Ricardo
Lorenzetti. Fue 24 horas después del anuncio de la Presidenta en el Palacio de
Tribunales. Los camaristas le preguntaron a Lorenzetti qué opinaba y él les
dijo que la decisión de la Corte era no decir nada por si el caso les llegaba.
Les dijo, en cambio, que si ellos querían opinar públicamente, lo hicieran. Que
podían hacerlo a través de las asociaciones de jueces.
En esa reunión, la mayoría era crítica de los
proyectos y algunos pretendían salir con una declaración pública dura. La opinión
disonante fue la de María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara del
Crimen y parte de Justicia Legítima, con la postura menos dramática sobre los
cambios. Decidieron que cada uno trasladaría el tema a su tribunal y después
resolverían.
Así, Gustavo Hornos llevó el asunto a la
Cámara de Casación. El miércoles convocó a todos a una reunión, pero las
opiniones fueron encontradas y no hubo acuerdo para un pronunciamiento. Lo
mismo pasó en la Cámara del Crimen, donde varios jueces se quejaron de que el
Congreso no esté discutiendo el tema y, como consecuencia, el debate se
traslade a la Justicia. "Entre los camaristas hay opiniones de lo más
variadas, pero algo en común: que no podemos dar una opinión sobre estos
proyectos", relató uno de ellos. Como pocas veces, esta semana se expandió
por los tribunales un estado deliberativo, que atravesó a la Justicia desde la
Corte hasta el último "pinche"
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